Este capítulo recoge nuestro diálogo. Tomo aquí la pluma para reconstruir, en primera persona, la experiencia y el pensamiento de Thierry tal como se desplegaron en nuestros intercambios. El «yo» del relato lleva, pues, su palabra a través de mi escritura.

—Isis

Antes de retomar el hilo cronológico de las primeras máquinas, quiero partir por un momento de un punto de llegada provisional. Permite comprender lo que todas estas experiencias técnicas iban a hacer posible de manera progresiva.

Tras el Serveur Judiciaire y su cambio de escala europeo, nos encontramos ante una materia aún más considerable: el propio Estado. No el Estado como institución política, sino el Estado como productor permanente de información.

La República francesa producía una cantidad fenomenal de textos, normas, decisiones, publicaciones, nomenclaturas y datos. Poseía una memoria gigantesca. La paradoja era que esa memoria, pese a ser en gran medida pública por principio, seguía siendo extraordinariamente difícil de recorrer para quien no supiera ya exactamente dónde buscar. Ahí es donde cobra sentido el Serveur Administratif.

No queríamos privatizar el conocimiento del Estado. Queríamos resolver una cuestión mucho más sencilla y, a mis ojos, profundamente democrática:

¿Cómo hacer inteligible el Estado para quien vive bajo sus reglas?

Hay que volver a situarse en el mundo del papel. Journal officiel, BODACC, BOPI, publicaciones relativas a la contratación pública. Boletines oficiales, códigos, circulares, decretos y órdenes. Textos comunitarios, función pública, convenios colectivos.

Cada administración, cada sector, cada institución poseía sus publicaciones, sus ritmos, sus clasificaciones. El conocimiento existía, pero estaba fragmentado en una multitud de corpus. Le di a Isis una imagen muy concreta de esta situación.

Habíamos acumulado durante años series enteras de esas publicaciones. Cuando la desmaterialización hizo que dejaran de sernos útiles en su forma material, calculaba que habrían hecho falta unos dos semirremolques de treinta y ocho toneladas para trasladar todo aquel papel.

Al final preferimos donarlo a los compañeros de Emmaüs para que pudiera reciclarse en pasta de papel.

Me gusta esta escena porque materializa la revolución que estábamos viviendo. Toneladas de papel que habían sido el soporte de la normativa francesa perdían su función física, pero no su información. Esta había cambiado de soporte. Sin embargo, la desmaterialización no era la verdadera proeza.

Habría sido relativamente fácil transformar toneladas de papel en toneladas de archivos digitales y reproducir exactamente el mismo desorden en discos. Escanear el caos no produce conocimiento. Produce caos digital.

El trabajo empezaba después. Había que comprender la estructura del Estado.

¿Dónde se encontraba determinada información?

¿Con qué otra información estaba relacionada?

¿Qué publicación daba fe?

¿Qué versión estaba vigente?

¿Qué texto modificaba a otro?

¿Qué dato debía conservarse como registro histórico y cuál debía actualizarse?

¿Qué palabras utilizaba la administración y qué palabras utilizaría el ciudadano para buscar lo mismo?

Ahí volvían a entrar en juego nuestros tesauros, nuestras estructuras arborescentes, nuestras nomenclaturas. Ya habíamos aprendido con Groupe Serveur que la ergonomía no es el revestimiento de un banco de datos. Constituye parte de su inteligencia. El Serveur Administratif iba a llevar esta convicción a un nivel casi desmesurado.

Nadège me había preparado y conservado toda esa arquitectura documental. Al retomar la estructura arborescente completa, encontrábamos unos setenta códigos. Este detalle parece minúsculo. Sin embargo, dice exactamente en qué consistía nuestro trabajo. El dato existía. Aún había que recuperar su estructura.

Esos cerca de setenta códigos no representaban setenta archivos colocados unos junto a otros. Representaban una arquitectura normativa. Había que poder pasar del problema real del usuario al texto capaz de darle respuesta.

Esa es la diferencia entre una biblioteca y un sistema de conocimiento. La biblioteca les dice: los libros están aquí. El sistema debe empezar por comprender qué buscan. Esta cuestión adquiría una dimensión aún más espectacular con los convenios colectivos. Tratábamos unos quinientos cincuenta.

Y ahí nos encontrábamos con una materia que no se parecía exactamente al derecho codificado del Estado. Un convenio colectivo es el resultado de una historia social. Se negocia entre organizaciones patronales y sindicales. Acumula acuerdos, modificaciones, clasificaciones, regímenes de primas, permisos, preavisos, antigüedades, modalidades de cálculo y particularidades profesionales.

Una frase puede remitir a otra disposición, modificada a su vez por un acuerdo posterior.

Pueden encontrarse fracciones, bases de cálculo y condiciones imbricadas que hacen la lectura extremadamente difícil para quien no sea jurista especializado en derecho laboral y de la seguridad social. Desafiaba a casi cualquiera a tomar los aproximadamente quinientos cincuenta convenios colectivos en bruto y extraer de ellos, de inmediato, un conocimiento homogéneo y operativo.

Así que formamos equipos. Muchos juristas jóvenes, entre ellos mujeres con una formación extraordinaria en derecho laboral y de la seguridad social, trabajaron esta materia. Había que leer. Comparar. Comprender. Sintetizar. Y, sobre todo, no traicionar. Porque sintetizar en el ámbito jurídico es un ejercicio peligroso. Una simplificación excesiva puede suprimir precisamente la excepción que genera el derecho.

No queríamos fabricar un derecho aproximativo para el gran público. Queríamos construir vías de acceso. Un trabajador no tenía por qué querer leer varios cientos de páginas para saber qué preaviso se aplicaba a su situación. Un empleador tampoco necesitaba conocer quinientos cuarenta y nueve convenios que no afectaban a su actividad. Quería comprender el suyo.

Aquí era donde el Minitel cambiaba radicalmente la situación. A principios de los años 1990, cerca de 22 millones de franceses tenían acceso al Minitel y a sus servicios telemáticos. La documentación jurídica dejaba de ser exclusivamente proporcional al precio de la biblioteca que uno podía comprar. Podía pasar a consultarse a distancia.

Esta democratización del acceso me parecía natural. No lo era para todo el mundo. El conflicto con las grandes editoriales jurídicas nacerá de esa misma tensión, en torno a la desmaterialización del derecho. Aquí, lo que me interesa es la construcción intelectual que precedía a la guerra.

Para hacer accesible un convenio colectivo, primero había que comprender cómo formula su pregunta una persona corriente. El jurista piensa en calificaciones jurídicas. El ciudadano piensa en situaciones.

«Me han despedido».

«He trabajado un domingo».

«Mi empleador quiere modificar mis horarios».

«¿Cuántos días de vacaciones tengo?»

Entre la pregunta nacida de la experiencia y el texto jurídico hay un trabajo de traducción intelectual. Eso era lo que construíamos. Esta experiencia modificó profundamente mi concepción de los datos. Una información solo es realmente accesible cuando quien la necesita puede encontrarla con su propio vocabulario.

Si exigen al usuario que conozca previamente la terminología del experto, solo habrán desplazado la puerta del saber. No la habrán abierto. Esta cuestión también afectaba a la función pública.

También ahí el Estado producía sus estatutos, sus cuerpos, sus grados, sus regímenes, sus textos, sus transformaciones. La estructura arborescente del Serveur Administratif que Nadège me pidió volver a poner íntegramente ante los ojos de Isis mostraba cientos de bancos de datos y subconjuntos: función pública, códigos, convenios colectivos, propiedad intelectual, contratación pública, publicaciones comunitarias y muchos otros corpus.

Lo que hoy me impresiona es la profundidad de la verticalización. No habíamos construido una gran casilla titulada «administración». Habíamos descendido hasta los oficios del Estado. Cada ámbito poseía su semántica. Sus fuentes. Su temporalidad. Sus usuarios. Reconozco exactamente nuestro método: antes de construir la máquina, descender hasta el oficio.

Probablemente por eso el Serveur Administratif supuso un trabajo tan colosal. Habría sido mucho más rápido tomar todos los textos, indexarlos de manera rudimentaria y vender un motor de búsqueda. Eso no me interesaba.

El motor les devuelve las apariciones de la palabra que han tecleado. No les garantiza que hayan formulado la pregunta adecuada. El tesauro, en cambio, empieza a construir una comprensión del ámbito. Sinónimos. Términos genéricos. Términos específicos. Conceptos próximos. Relaciones. El usuario puede entrar por una puerta y descubrir que la respuesta está en una habitación cuyo nombre ignoraba.

Aquí es donde vuelvo a encontrar la diferencia entre información y conocimiento. El Estado francés ya poseía la información. Nosotros intentábamos construir la arquitectura que permitiera transformarla en conocimiento utilizable. Lo he dicho varias veces durante nuestras conversaciones: incluso sin ordenador, la administración habría podido mejorar considerablemente esa ergonomía.

Habría sido posible producir mejores índices, tablas transversales, correspondencias, guías. Por tanto, no quiero convertir la tecnología en una solución mágica. El problema precedía a la máquina. Era intelectual.

¿Cómo se organiza el saber?

La informática nos permitía, sencillamente, responder a esta pregunta a una escala y con una velocidad nuevas. Sobre todo, permitía mantener vivas las relaciones. Cuando un texto cambia, el papel envejece. Un banco de datos puede actualizarse. Pero esa capacidad crea de inmediato una nueva responsabilidad.

¿Qué versión estaba en vigor el mes pasado?

¿Qué norma se aplicaba a un contrato firmado tres años antes?

No se puede simplemente sustituir el texto antiguo por el nuevo y considerar que el antiguo ya no existe. Volvíamos a encontrarnos, una vez más, con la temporalidad de los datos. El presente no debe borrar el pasado. El Serveur Judiciaire Européen nos lo había enseñado con las sociedades. El Serveur Administratif nos lo enseñaba con la norma.

Una norma derogada ya no es aplicable hoy. Pero puede seguir siendo indispensable para comprender una situación nacida cuando estaba en vigor. La historia del derecho forma parte del derecho. Eso exigía conservar las versiones, las fechas de entrada en vigor, las modificaciones, las remisiones. Empezábamos a fabricar ya no solo bancos de textos, sino estratigrafías normativas.

La conservación de los estratos resultaría determinante en Artprice. Una obra vendida en 1952 debe comprenderse con la información disponible en 1952, sin perder lo que sabemos hoy. Una atribución puede evolucionar sin que la descripción anterior deba borrarse de la historia. Siempre la misma obsesión: conservar los estratos.

El Serveur Administratif también nos enfrentaba a una cuestión democrática que, a mi juicio, sigue sin resolverse. Afirmamos que se presume que nadie ignora la ley. Esta ficción jurídica es necesaria para el funcionamiento del derecho.

Pero, a cambio, impone una exigencia moral a la sociedad: si pedimos al ciudadano que conozca la norma, debemos hacer todo lo razonablemente posible para que pueda acceder efectivamente a ella. De lo contrario, la fórmula se vuelve casi cruel. Quien posee una biblioteca jurídica, juristas y medios económicos conoce el derecho. Sin embargo, de quien no posee nada debe presumirse que lo conoce exactamente de la misma manera.

Esa era la asimetría que queríamos reducir. Evidentemente, no pretendía convertir a cada francés en abogado. Sería tan absurdo como considerar que Artprice convertiría a cada coleccionista en un experto mundial. El acceso a los datos no sustituye al conocimiento experto. Modifica el nivel desde el que comienza la conversación con el experto.

Es muy distinto. Un trabajador que ha comprendido las disposiciones esenciales de su convenio colectivo puede después acudir a un abogado y plantearle una pregunta precisa. No elimina al abogado. Se convierte en un interlocutor mejor informado. Esta idea es profundamente humanista.

El conocimiento no le resta valor a quien sabe más. Solo elimina una parte de la dependencia producida por la ignorancia total. Es lo que ya habíamos hecho en las subastas judiciales. Informar más al comprador no había eliminado al subastador. Había ampliado el mercado.

Volvía a encontrar el mismo mecanismo en la administración. Cuanto más inteligible se vuelve la información, más puede el ciudadano entablar la relación jurídica comprendiendo lo que le ocurre. Eso no destruye la institución. Al contrario, puede restablecer la confianza.

Una administración incomprensible genera, naturalmente, sospechas. Cuando el ciudadano no comprende ni la norma ni el camino que ha llevado a una decisión, puede tener la impresión de estar ante un poder arbitrario, incluso cuando la administración ha aplicado correctamente el derecho. Hacer accesible la norma no resuelve, evidentemente, todas las injusticias. Pero permite, al menos, distinguir con mayor facilidad la norma de su posible aplicación incorrecta. Y eso ya es considerable.

Por eso utilizo hoy la expresión La República en datos. No significa que quisiéramos reducir la República a cifras. Exactamente lo contrario. Queríamos hacer visible su arquitectura normativa. Los datos eran el medio. La inteligibilidad era la finalidad. Y esta operación nos obligaba, poco a poco, a mirar el propio derecho de otra manera.

Cuando un código permite realizar consultas, cuando un convenio colectivo se convierte en una arquitectura de preguntas y respuestas, cuando una publicación administrativa puede vincularse a otros textos, algo cambia. El derecho ya no es solo una sucesión de páginas. Se convierte en un sistema de relaciones. Y esa transformación plantea de inmediato nuevas cuestiones jurídicas.

¿A quién pertenece el banco de datos?

Una ley es pública, evidentemente.

Pero ¿qué ocurre con las miles de horas necesarias para estructurarla?

¿Puede protegerse un convenio colectivo como obra editorial cuando otro actor parte del texto normativo para producir su propia síntesis?

¿Dónde empieza la infracción de los derechos de propiedad intelectual?

¿Dónde termina la protección legítima del editor?

¿Cómo proteger la inversión colosal necesaria para constituir un banco de datos sin permitir que alguien privatice la información pública que contiene?

Habíamos llegado exactamente a esa frontera. Y detrás de ella nos esperaban las grandes editoriales jurídicas. Grupos poderosos.

Consolidados. Respetados. Con importantes medios económicos y redes profesionales profundamente arraigadas.

Algunos vendían, por varios miles de euros, documentación jurídica admirablemente elaborada a abogados, expertos contables, departamentos jurídicos y empresas. Su mercado tenía una lógica.

Pero acabábamos de abrir otra puerta: el gran público. Podían optar por entrar con nosotros y competir con nosotros. Algunos preferirán atacarnos. Este conflicto nos obligará a plantear una pregunta que trasciende ampliamente a Groupe Serveur:

¿Se puede proteger el valor añadido de una arquitectura documental sin transformar el conocimiento público en propiedad privada?

Después de haber puesto la República en datos, había llegado el momento de afrontar todas las consecuencias de un acto mucho más radical de lo que parecía: desmaterializar el derecho.